Dentro de nuestra vida diaria son muchas las situaciones en las que podemos estar expuestos a un mal funcionamiento de los servicios prestados por la Administración Pública. O ser perjudicados por una resolución emitida por esta con la cual no estamos de acuerdo. Situaciones como un accidente a causa del mal estado de la vía pública, negligencia de un funcionario público o actos de la administración que provoquen algún daño o perjuicio al ciudadano. En estos casos, los ciudadanos tenemos derecho a reclamar a la Administración Pública.
Así lo reconoce la Constitución Española en su artículo 106.2, donde se indica que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por los organismos públicos respecto a todos los daños ocasionados en sus bienes o derechos, a excepción de los casos de fuerza mayor, siempre y cuando sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
¿Cuáles son los requisitos para reclamar a la Administración Pública?
Como ciudadanos tenemos derecho de exigir una indemnización por los daños ocasionados debido a las acciones o servicios prestados por las Administraciones Públicas. Y esta, como cualquier particular o empresa, tiene la obligación de responder ante esos daños y perjuicios causados.
Para ejercer nuestro derecho, debemos formular una reclamación de acuerdo a un procedimiento determinado, donde se deberá probar la realidad del daño provocado así como la conexión directa de este con la Administración Pública.
De hecho, para que los organismos públicos tengan la obligación de indemnizarnos y poder exigirles la responsabilidad patrimonial correspondientes, se deben cumplir una serie de requisitos como:
- Daño o lesión resarcible: el daño o lesión ocasionados en cualquiera de los bienes o derechos debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
- Debe ser antijurídico: el particular o grupo que lo reclame no ha de tener el deber jurídico de soportarlo.
- Debe poder atribuirse a una Administración Pública el daño o lesión ocasionados. Es decir, se tendrá que identificar el organismo al cual le corresponde reparar dichos daños.
- Se debe relacionar la causalidad entre la conducta de la administración y la lesión o daño que son objeto de la reclamación. Si queremos tener derecho a indemnización deberemos probar que existe una relación entre el daño causado y la Administración Pública.
- Los daños y lesiones no deberán derivar de causas de fuerza mayor y hechos que no se hubiesen podido prever o evitar.
¿Cuáles son los casos en lo que podemos reclamar a la Administración Pública?
Realmente, la casuística puede ser infinita. Así cabe cualquier supuesto que incluya acciones o inactividad de los organismos públicos que afectan tanto a bienes materiales como a la integridad física de los ciudadanos, siendo consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Algunos de los hechos que podríamos destacar en cuanto a poder reclamar una indemnización a la administración pública encontramos accidentes causados por una mala conservación de la vía pública, errores médicos producidos en centros del sistema nacional de salud o lesiones producidas en un edificio público a consecuencia del mal estado de conservación de este.
¿Cómo reclamar a la Administración Pública?
Para poder reclamar a la Administración Pública primero tendrás que realizar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el organismo que tenga la obligación de responder por dichos daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo a los términos indicados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En dicha reclamación que se interponga deberán aparecer de forma clara los siguientes datos:
- La persona que haya sufrido el daño o perjuicio.
- El centro o unidad administrativa causante del daño o perjuicio.
- Las pruebas que determinen la existencia de la relación de causalidad entre daños ocasionados y el funcionamiento del servicio público. Para ello se pueden aportar partes médicos, testigos presenciales, fotografías, así como una descripción detallada y valoración de las lesiones causadas.
Por lo que, en primer lugar, deberemos presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Administración Pública causante de los daños y, en caso de ser denegada la indemnización, podremos solicitarla ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa.
¿Cuál es el plazo de la administración para resolver la reclamación?
La administración tendrá que resolver el expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial en un plazo máximo de 6 meses desde que la entrada del registro del escrito en el organismo correspondiente.
En caso de que la administración no resuelva el expediente en un plazo de seis meses, es importante que tengamos en cuenta que se entenderá que la reclamación ha sido desestimada por silencio administrativo.
Recover Abogados, despacho con especialización en Procedimientos administrativos y contenciosos administrativos
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